Superintendencia de Competencia enfrentará retos normativos y operativos, pero directorio aún no está integrado para su arranque

Hasta el martes 24 de junio, se había nombrado y juramentado a los directores designados para la Superintendencia de Competencia por el presidente de la República en Consejo de ministros: Javier Enrique Bauer Herbruger como titular y Luis Guillermo Velásquez Pérez como suplente; y a los designados por la Junta Monetaria, Edgar Rolando Guzmán Fuentes y Alfredo Skinner-Klée, respectivamente.

Los titulares Bauer Herbruger y Guzmán Fuentes dieron a conocer a Prensa Libre los retos y desafíos que enfrentan como el primer directorio de la Superintendencia, que fue establecida en el decreto 32-2024, Ley de Competencia que entró en vigencia el 9 de mayo del 2024.

Bauer: Todavía no existe quorum, por lo cual no se pueden tomar decisiones colegiadas

Bauer refirió que su plan de trabajo, basado en que se trata de la primera Superintendencia de Competencia, está orientado específicamente a crear institucionalidad. El directorio también tiene 120 días, según lo requiere la Ley de Competencia, para designar al primer superintendente. A su criterio, este plazo empezó a correr el 24 de junio, luego de que el 23 finalizó el período para conformar el directorio.

Entre otros aspectos, mencionó la importancia de contratar profesionales expertos en economía, analítica de datos y derecho, así como en otras áreas necesarias para una nueva entidad pública. Se debe velar por adquirir la infraestructura adecuada y contar con la reglamentación de la ley y una normativa interna que establezca reglas claras para el desarrollo institucional, incluida la reglamentación del propio directorio.

Bauer mencionó que el proceso para la designación del superintendente está delineado en términos generales por la ley, la cual establece que debe provenir de las ternas presentadas por las entidades nominadoras. Corresponderá al directorio definir el procedimiento para dicha elección.

Indicó que ya fueron juramentados y espera que el Congreso designe pronto a los directores que le corresponden, a fin de materializar la institucionalidad de la Superintendencia y completar así la integración del directorio.

La situación actual es que todavía no existe quórum, por lo cual no se pueden tomar decisiones colegiadas, como corresponde al directorio de la Superintendencia.

Respecto a la institucionalidad, refirió que la creación de esta Superintendencia es trascendental para el país. Entre los principales desafíos está identificar y proponer la eliminación de barreras y cargas regulatorias que limitan la entrada de nuevos competidores y restringen la competencia.

Esto implicará aplicar el artículo 120 de la ley, que establece una revisión técnica de todos aquellos trámites redundantes o irrazonables, para así fomentar una mayor competencia. Será crucial el rol proactivo que deberá asumir la Superintendencia en la construcción de una cultura de competencia, añadió.

Se deberá trabajar en educar a los agentes económicos, a las instituciones públicas y a la ciudadanía sobre los beneficios de la competencia, prevenir prácticas anticompetitivas y hacer cumplir la ley de manera firme, técnica e independiente. En esa etapa, se comenzará a promover y explicar en qué consiste la libre competencia, para que los agentes económicos conozcan las reglas del juego y las sanciones aplicables ante prácticas anticompetitivas.

Otro aspecto importante es que la parte sancionatoria de la ley entrará en vigor hasta dentro de un año y medio, en diciembre de 2026. Es decir, en una primera etapa, la Superintendencia se enfocará en la construcción institucional y en explicar a los agentes económicos el contenido y alcance de la libre competencia.

A consideración de Bauer, el perfil del superintendente debe ser altamente técnico, con conocimiento del derecho de competencia y del sistema de mercado establecido en la Constitución Política de la República, ya que su aplicación debe respetar dicho marco constitucional.

Mientras se instala el directorio, ya se ha conversado con otros designados acerca de los temas relevantes que tendrá a su cargo el primer directorio, con la expectativa de reunirse para avanzar en lo posible mientras se integra completamente. También se ha dialogado con las entidades nominadoras para utilizar temporalmente algunas salas de reuniones.

Según Bauer, está previsto conversar sobre los planes de trabajo que cada miembro propuso, identificar coincidencias y generar diálogo para alcanzar acuerdos, todo ello en espera de que el directorio se integre plenamente y pueda tomar decisiones formales.

Bauer es abogado y notario, con especialización en derecho de competencia, información e innovación de la Universidad de Nueva York (NYU). Explicó que hace una década, Guatemala tenía la obligación de contar con una Ley de Competencia según el acuerdo con la Unión Europea. Gracias a una beca de Guatefuturo, cursó dicha especialización. Posee una maestría en desarrollo sostenible de la energía por la Universidad Isabel I.

Participó en la discusión de la iniciativa 5074, que dio origen a la actual Ley de Competencia, y presentó argumentos ante la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso. Además, ha ejercido en el ámbito privado, asesorando a empresas en temas de derecho de competencia.

Guzmán: una de las primeras tareas será establecer el reglamento de la Superintendencia y elegir al superintendente.

Guzmán indicó que una de las primeras tareas será establecer el reglamento de la Superintendencia y elegir al superintendente. Su período como director, nombrado por la Junta Monetaria, es de dos años, durante los cuales busca dejar como legado los cimientos de la institución.

También deberán trabajar en un reglamento que defina las unidades, intendencias y dependencias administrativas con las que contará la institución.

Su propósito es dejar una entidad plenamente organizada en los ámbitos administrativo, presupuestario y financiero, con capacidad técnica para cumplir los objetivos de la ley, y con personal especializado de alto perfil en temas de competencia.

Consultado sobre cómo lograr una ley operativa y una institucionalidad fuerte, Guzmán mencionó que serán necesarias ciertas reformas legales, las cuales deberán discutirse y consensuarse con los demás directores para luego trasladarse al Congreso. Tales reformas buscarán solventar ambigüedades o contradicciones surgidas durante la promulgación de la ley.

Entre los puntos a revisar mencionó la forma de designar a quien preside el directorio, ya que un artículo indica que será un representante de una entidad nominadora, otro que será por edad y otro más que será de forma rotativa iniciando por el director de mayor edad.

Otra cuestión que considera debe modificarse es el nivel de las sanciones por denuncias falsas, que podrían actuar como desincentivo para quienes desean denunciar prácticas anticompetitivas.

Sostuvo que debe observarse no solo la operatividad establecida en la ley, sino también la estructura institucional para un funcionamiento efectivo. Entre los puntos a analizar está el destino de las multas impuestas: si deben quedarse en la institución o, como se establece actualmente, trasladarse al fondo común.

Además, para hacer operativa la ley, es necesario establecer con claridad los criterios para ocupar los distintos cargos dentro de la Superintendencia. Una de las tareas más urgentes y desafiantes será fomentar una cultura de competencia.

“Que la sociedad guatemalteca, el país en general, los distintos sectores, cámaras y demás, puedan tener claridad sobre qué es la competencia, qué busca y cuál es el propósito de la Ley de Competencia, qué es la Superintendencia y cómo podemos todos familiarizarnos con las prácticas anticompetitivas que están prohibidas para no incurrir en ellas”, expresó Guzmán.

De esa forma, las empresas podrán prevenir esas prácticas, y los guatemaltecos en general entenderán que investigar, perseguir y sancionar dichas conductas contribuirá a tener mercados más justos, con productos de mejor calidad y precios más competitivos.

La entidad deberá contar con el respaldo necesario para captar el mejor talento, especializarlo y retenerlo mediante salarios competitivos, expresó Guzmán.

Coincidió en que actualmente el directorio no está conformado, ya que no puede sesionar ni tomar decisiones para las que ha sido designado. “En ese sentido, nuestras funciones no pueden realizarse si el Congreso no designa”, añadió. Por ello, hizo un llamado a ese organismo, que aprobó esta ley de urgencia nacional, para que cumpla con el plazo prudente que ellos mismos establecieron, y cuyo proceso para la elección incluso inició antes para otras entidades.

Mientras tanto, algunas instituciones públicas podrían brindarles apoyo mediante la asignación temporal de espacios para operar, añadió.

Guzmán explicó que su formación como economista lo preparó para comprender el tema de competencia, pues incluye estudios en microeconomía y fundamentos del mercado. Es exbecario del programa de Estudios Superiores del Banco de Guatemala, donde obtuvo una maestría en economía y finanzas aplicadas. También asistió a una escuela de verano sobre economía social de mercado en Alemania, donde conoció principios y regulaciones vinculadas a la competencia. Tiene experiencia en asesoría administrativa y financiera en el sector público, así como en la coordinación de proyectos, incluyendo la elaboración de un nuevo reglamento interno.

Congreso debió haber cumplido plazo

El diputado Faver Salazar, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, dijo que están a la espera de que se pueda agendar en las próximas sesiones la elección de directores, titular y suplente, para la Superintendencia de Competencia por parte de ese organismo.

“La ley marca un plazo legal, el cual nosotros como Congreso debimos haber cumplido”, indicó, ya que el directorio debe estar integrado con los tres directores para que procedan a efectuar la elección del superintendente. Por ello, el parlamentario dijo que espera que en los próximos días, incluso en esta semana, la Comisión Permanente convoque a los diputados a sesionar y den prioridad al tema de esta elección.

Salazar dijo que no puede emitir opinión acerca de un consenso, ya que es una elección a la que los seis postulantes se van a someter.

La Comisión de Economía fue la encargada de llevar a cabo el proceso de evaluación de los aspirantes a esos cargos y remitió el listado de seis nominados para que el pleno elija.

En tanto el martes 24 de junio, la organización Acción Ciudadana presentó un amparo en contra del Congreso para designar a los directores titular y suplente para dicha superintendencia, decreto que ese mismo Organismo aprobó.

Amcham: Uno de los principales retos será construir credibilidad institucional desde el primer día

Según Amcham, Guatemala es de los últimos países en contar con una Ley de Competencia, y su implementación conlleva varios retos. Por ello, es necesario discutir la hoja de ruta y los pasos que deberán superarse para establecer la Superintendencia de Competencia más adecuada posible.

Comunicado: Superintendencia de Competencia: Hoja de Ruta del Primer Directorio pic.twitter.com/xeU65mtq9z

— AmCham Guatemala (@AmChamGT) June 25, 2025

Amcham llevó a cabo el foro La hoja de ruta del primer directorio de la Superintendencia de Competencia.

Aunque el directorio no se conformó plenamente en la fecha establecida por la ley debido a la falta del nombramiento del Congreso, Waleska Sterkel de Ortiz comentó que, tras tantos años de espera por una ley de competencia, varias empresas observan que esta normativa es similar a la de otros países. Por lo tanto, deberán adaptarse a lo que se implementará con la nueva legislación.

Entre los retos importantes se menciona la política de competencia y el reglamento, el cual deberá complementar algunas de las debilidades de la ley.

Consultada sobre la preocupación respecto a que el directorio aún no está completo por la falta de designación del Congreso, la ejecutiva expresó que espera que esta semana se conforme.

La conformación del primer directorio de la Superintendencia de Competencia marca un hito trascendental en el fortalecimiento institucional de Guatemala, al abrir una etapa clave para promover mercados más eficientes y transparentes. Es una oportunidad histórica para construir una autoridad sólida, técnica e independiente, capaz de generar confianza y contribuir al desarrollo económico y social del país, refirió Amcham.

“Uno de los principales retos será construir credibilidad institucional desde el primer día, lo cual implica establecer reglas claras, procesos transparentes y un enfoque técnico basado en evidencia. Las prioridades regulatorias deben responder a las dinámicas reales del mercado guatemalteco, garantizando que el reglamento de la ley promueva seguridad jurídica y certidumbre para todos los actores económicos”, agregó la entidad.

AmCham considera que es una oportunidad para construir una autoridad sólida, técnica e independiente, capaz de generar confianza en los agentes económicos y contribuir a un buen clima de negocios.

Entre las prioridades menciona:

• Construir credibilidad institucional a través de reglas claras: uno de los principales retos será establecer reglas claras, procesos transparentes y un enfoque técnico.
• Reglamento adecuado: las prioridades regulatorias deben responder a las dinámicas del mercado guatemalteco, garantizando que el reglamento de la ley promueva seguridad jurídica y certidumbre para todos los actores económicos.
• Designación de perfiles técnicos: es importante designar a un superintendente y cuadros medios que sean profesionales con trayectoria y solvencia técnica.
• Promoción de una cultura de competencia: las empresas y el sector público deben prepararse incorporando principios de cumplimiento, fortaleciendo la gestión de riesgos y promoviendo prácticas internacionales.