Cuatro tipologías de lavado de dinero fueron identificadas en Guatemala por un monto que alcanzó los Q5 mil 195 millones, equivalentes a unos US$679 millones, correspondientes al 2023-2024, según el informe publicado recientemente por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) diciembre del 2025.
El Informe de Tipologías Regionales incluye la presentación de 53 casos en la región, los cuales ilustran la manera de operar de las organizaciones criminales, así como los productos y sectores empleados para lavar activos. El documento se basa en hechos reales, aunque aclara que los datos que pudieran individualizar situaciones, personas, lugares u otros elementos fueron modificados para evitar señalamientos, perjuicios o violaciones a derechos fundamentales.
El país se presentó cuatro estudios relacionados con el lavado de dinero, que detallan el diagrama de operación, el rastreo de los fondos y la tipología utilizada: la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la corrupción, el narcotráfico y la estafa.
Estos casos fueron aportados por las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), como parte de un ejercicio que se realiza cada dos años entre los países miembros del Gafilat, con el objetivo de examinar los esquemas de lavado, generar alertas y fortalecer la prevención.
Constructoras desviaron US$50 millones
La sustracción de fondos públicos a través de una red de constructoras es otra de las tipologías expuestas en el documento del Gafilat para Guatemala, vinculada a actos de corrupción por un monto de US$50 millones.
Entre las señales de alerta que permitieron identificar este caso destaca que varias entidades, sin capacidad técnica, operativa ni humana, ejecutaban proyectos de obra pública. También se evidencian vínculos administrativos y de propiedad entre estas constructoras y las juntas de cotización encargadas de adjudicar los concursos. En dichos procesos se identificó un patrón de adjudicación directa por valores menores a Q90 mil.
Se registró aparente competencia desleal en los concursos. Tras la estructuración de fondos mediante el envío, retorno y traslado entre las mismas constructoras —que podría simular una subcontratación de servicios prohibida por la Ley de Contrataciones del Estado—, se documentó una triangulación de fondos con el posible objetivo de aparentar actividad económica.
Asimismo, se identificó el uso de una metodología para evadir impuestos, basada en la igualdad entre créditos y débitos, con la intención de justificar una utilidad casi nula y evitar el pago de tributos.
Se detectó el cobro en efectivo por parte de representantes legales, firmantes o contadores de las cuentas bancarias. Posteriormente, se dio seguimiento a la compra de bienes muebles e inmuebles en los mismos periodos en los que se recibieron fondos públicos.
Finalmente, se documentó el envío de transferencias internacionales hacia Estados Unidos y países asiáticos, sin registro alguno de importaciones o exportaciones ante la administración tributaria que justifique dichas operaciones.
