Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación de Desarrollo para Guatemala (Fundesa), refirió que la resolución del Tribunal es muy importante; sin embargo indicó que es necesario que se agoten y confirmen los procesos en las distintas instancias de Estados Unidos.
“Estaremos atentos a la notificación e implementación correspondiente por parte de la Oficina del Representante de Comercio (USTR) y de la Oficina de Control de Aduanas y Fronteras (CBP)”, añadió.
Fundesa reconoce que la reciente resolución del Tribunal de Comercio Internacional de ese país plantea aspectos relevantes sobre los límites legales en la imposición de aranceles y confían en que, conforme avancen los procesos legales y administrativos correspondientes, se garantice el respeto a los acuerdos comerciales vigentes y se preserve el acceso preferencial que permite que el comercio entre Guatemala y Estados Unidos continúe generando empleo, inversión y desarrollo para ambos países, expuso el ejecutivo.
“Estamos a la expectativa de los anuncios correspondientes por parte de USTR y CBP”, resaltó Zapata.
En tanto Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), y el gerente económico Johny Gramajo afirmaron que aún no se puede responder de manera contundente sobre la decisión del Tribunal, pero, en todo caso, indicaron, la resolución refiere que sería ilegal invocar la Ley de Emergencia de 1977 para imponer los aranceles.
“Si esto es vinculante o no, y si esto suspende o no, se requiere un poco más de análisis y ver la forma en que fue emitida la sentencia por parte de este Tribunal. Es un tema que se analizará con cuidado para emitir una postura”, resaltaron.
Expusieron que los mercados comenzaron a reaccionar y que la reacción podría ser positiva en la medida en que esto provoque una situación más permanente que temporal.
Por su parte, el Ministerio de Economía indicó que, por el momento, aún no tienen una postura oficial, ya que se trata de una noticia reciente. “El tema estará siendo tratado en La Ronda de mañana (jueves)”, añadieron.
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Zapata expone que al haberse declarado inconstitucional el uso de la ley IEEPA como fundamento para imponer aranceles generales, cualquier medida de tarifas que se sustente solo en esa legislación, como el arancel del 10% aplicado a Guatemala y demás países del CAFTA-DR, carece de validez jurídica y debe considerarse nula de pleno derecho. Añade que la sentencia tiene efecto permanente, y prohíbe su reaplicación futura con base en la misma ley, sin embargo refirió que aún se puede apelar el fallo ante la Corte de Apelaciones del Circuito Federal, en donde el gobierno de ese país puede argumentar que el Ejecutivo sí tiene autoridad bajo esas leyes y con ello buscaría restablecer los aranceles bloqueados, aunque, consideran que el proceso puede tardar varios meses, y es incierto dado el precedente constitucional.
