El único oferente fue la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE), propiedad del Instituto Nacional de Electrificación (Inde).
La presentación de ofertas se efectuó el 7 de octubre último. La Junta evaluó la parte técnica, y para el miércoles 15 se tenía programada la apertura de las ofertas económicas.
Sin embargo, dicha apertura ya no se efectuó porque la Junta Calificadora informó que no se subsanaron algunas falencias. Por ello, el expediente se enviará al Ministerio de Energía y Minas (MEM), que lo analizará.
Además, el banco contratado para el efecto resguardará por cinco días la oferta económica de ETCEE y posteriormente la devolverá a la empresa. También se devolvió a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) el documento que contiene la referencia de precio o de canon que se entiende como económicamente eficiente, cuyo fin era comparar la oferta presentada.
Luis Ortiz, presidente de la CNEE, explicó que la Junta Calificadora tiene autonomía y no depende del MEM ni de dicha comisión. Agregó que la propuesta del Inde adolecía de aspectos que no se solventaron, por lo que fue descalificada por no cumplir técnicamente con las bases.
Consultado acerca del impacto de los resultados para los planes de ampliación de la red de transmisión eléctrica, Ortiz señaló varios factores. Entre estos, que para futuros eventos se deberá analizar cambios en las bases de licitación.
Añadió que la licitación es solo uno de los mecanismos que contempla la ley para impulsar proyectos de transmisión; otro es realizar obras por iniciativa propia. Ya se han desarrollado alrededor de 120 proyectos bajo ese modelo, afirmó.
Ortiz considera que los resultados de PET 3 no paralizan el plan de expansión, ya que existen otros mecanismos. Además, las autoridades mantienen la intención de dar continuidad a estos procesos.
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La PET 3 es la primera licitación en 10 años. Durante ese lapso, las señales de riesgo han cambiado. Ortiz mencionó obstáculos como los trámites de licencias y la negativa de algunas municipalidades para emitir licencias de construcción.
Sugiere revisar las bases de licitación, tomando en cuenta aspectos como riesgos, beneficios, autorizaciones municipales y servidumbres.
El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, afirmó que el MEM analizará la decisión, al igual que el Inde, para buscar una solución “en este entuerto legal”, aunque advirtió que la ley impone restricciones de plazos.
Ventura explicó que corresponde al MEM emitir una resolución tras analizar el expediente, pero subrayó que esta no debe comprometer los planes de fortalecimiento del sistema de transmisión ni los esfuerzos por electrificación rural y acceso universal a la energía.
Según el funcionario, para lanzar una nueva licitación se modificarán las bases e incluirán nuevos elementos, pues la PET 3 fue discutida desde el año pasado y el contexto ha variado.
Primero debe definirse qué se hará con la actual licitación. Cualquiera que sea la decisión, deberá pensarse también en sentar las mejores condiciones para el siguiente proceso, como la licitación PEG 5.
Preocupación por los atrasos
Los resultados de la licitación PET-3, en la cual la junta calificadora rechazó la única oferta presentada, ponen en riesgo nuevos atrasos en la expansión de la red de transmisión de electricidad y representan dificultades para que más plantas de generación se conecten e inyecte su energía al sistema, así como para llevar el suministro a hogares que aún no cuentan con él, coincidieron fuentes consultadas.
Alfonso González, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), considera que uno de los riesgos es que se genere, con el tiempo, una mayor saturación de la red eléctrica, aspecto que, explicó, impacta en el servicio para todos los guatemaltecos.
Según datos divulgados por el sector de energía en julio pasado, entre algunas de las áreas más críticas son Petén e Izabal.
El directivo añadió que el atraso imposibilita o dificulta nuevas conexiones para la distribución, incluyendo una mayor cobertura de electrificación rural, así como la conexión de nuevos proyectos de generación.
Estos aspectos también impactan en el desarrollo general del país y en nuevas oportunidades de empleo para muchas personas, añadió. “Estas inversiones son importantes porque dinamizan la economía”, expuso.
González calificó como lamentables los resultados de la licitación PET-3. El hecho de que “haya existido un solo oferente debe llevar a un proceso de reflexión de las autoridades; se trata de atraer inversión y de contar con varias ofertas que compitan entre ellas”, expresó.
Considera que se deben reconsiderar los términos de referencia y las bases de licitación para volver atractivo el proceso abierto a los inversionistas y fomentar una mayor participación y competencia entre las ofertas.
“Una de las mayores preocupaciones es qué pueden esperar los participantes de la PEG-5, quienes esperan la ampliación de la transmisión para decidirse a invertir en nuevos proyectos de generación”, señaló el presidente de Ager.
Jorge García Chiu, exviceministro de Energía y Minas, califica los resultados como preocupantes, ya que tanto la expansión de la red de transmisión como la nueva generación de electricidad han enfrentado atrasos, y se requieren más proyectos para atender el crecimiento de la demanda y de la población.
En la actualidad, el índice de cobertura eléctrica ronda el 90%, pero si no se amplían la red y la generación, ese porcentaje podría empezar a disminuir y poner en riesgo los avances de los programas de electrificación rural, agregó García.
Considera necesario repetir el evento, con condiciones que garanticen el servicio y atraigan a más empresas interesadas, dijo el consultor.
El Estado debe brindar más apoyo en temas como servidumbre de paso y licencias, porque, de lo contrario —expone—, “me temo que, si no es con el INDE, será muy difícil construir redes de transmisión por los problemas sociales, como la obtención del terreno, los permisos y la aceptación social. Derivado de ello, algunas empresas que han intentado participar en otros proyectos han enfrentado grandes dificultades”.
Aunque en esta oportunidad no respondió, recientemente la Asociación Guatemalteca de Transportistas de Electricidad (Agte) expuso distintos aspectos de las bases de licitación y del contrato de la PET-3 que desmotivaban la posible participación de inversionistas, por lo que era necesario modificarlos.
El presidente de Agte explicó, en septiembre y octubre, que el contrato carece de mecanismos para manejar la incertidumbre actual de los proyectos de transmisión en el país, que la gestión y el riesgo de ejecución recaen completamente en el inversionista, sin incentivos ni facilidades del Estado. Añadió que la rigidez del contrato ante casos de fuerza mayor representa otra dificultad. También se señaló que solo se podía ofertar por lotes completos, sin posibilidad de elegir proyectos individuales dentro de cada uno; el plazo fijado de cinco años para finalizar las obras se consideraba muy corto, mientras que las garantías solicitadas provocaban costos adicionales. El MEM decidió pedir como garantías cartas de crédito, y no fianzas.
