El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) presentó las asignaciones del presupuesto del Estado para el ejercicio fiscal 2026, por un monto de Q161 mil 779.6 millones.
De ese total, Q119 mil 762.8 millones, que representan el 74% del total del gasto, provendría de la recaudación de tributos.
Sin embargo, se plantea que el 19.5%, es decir, Q31 mil 523 millones, sean cubiertos con endeudamiento público.
De esta cifra, Q25 mil 607.1 millones se financiarían con Bonos del Tesoro, o deuda bonificable, y Q5 mil 915.9 millones con préstamos extranjeros.
Mientras que el déficit fiscal se ubicaría en 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB).
Como otras formas de financiamiento del presupuesto, se proponen los saldos de caja por Q3 mil 417.1 millones y otros ingresos por Q7 mil 076.7 millones, de los cuales Q3 mil 117.5 millones corresponden a ingresos no tributarios.
Surgen dudas, incluyendo la deuda pública
Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), y Pedro Prado, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), comentaron sobre los rubros para financiar el presupuesto del próximo año, y las preocupaciones que pueda generar la deuda pública y el destino que se dé a esos fondos.
Entre otras consideraciones, ambos coinciden en lo que respecta al destino de los recursos y los niveles de ejecución, en particular en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).
Indicaron, sin embargo, que aún falta información para un análisis detallado, ya que las cifras presentadas por el Minfin corresponden a las asignaciones propuestas en el Taller del Presupuesto Abierto, y falta la versión final con la iniciativa de ley que el Organismo Ejecutivo debe presentar al Congreso a más tardar el próximo 2 de septiembre próximo.
Barrientos indicó que el monto total del proyecto inicial del presupuesto ha causado revuelo. El monto propuesto es 8.9% superior a los Q148 mil 526 millones aprobados para 2025. Sin embargo, explicó que si se toma como base el monto vigente —Q154 mil 836 millones— el incremento es de aproximadamente 4.5% (Q6 mil 943.6 millones).
“Observando estos últimos datos, no se ve una cifra abultada, pero sí es un incremento respecto de un monto que ya es alto desde el 2025”, expresó Barrientos.
Respecto de la deuda pública, el director del Icefi señaló que esta puede ser beneficiosa o perjudicial, según el uso o destino que se le dé, pero que en este caso con los primeros datos no ha sido posible conocer qué programas se financiarán con esos fondos.
En cuanto a los Q25 mil 607.1 millones en bonos, recordó que para 2025 se autorizó una cifra similar para su negociación y colocación. Afirmó que el problema no es el monto en sí, sino el destino de los recursos. Por ejemplo, para el presente año, aproximadamente la mitad de los bonos fue destinada a gasto corriente, lo que considera una posible violación de la prohibición expresa en la Ley Orgánica del Presupuesto.
“Entonces, la pregunta es qué justifica esta inyección y cuál es el destino que se le dará” a la deuda, sostuvo Barrientos. Indicó que existen dudas sobre qué porcentaje se destinará a gasto corriente, y si se mantendrá en la mitad, lo que implicaría que una cuarta parte se usaría para el pago de deuda y solo otra cuarta parte se dirigiría a inversión de capital, cifra que considera baja para ese rubro.
También consideró necesario conocer con mayor detalle los rubros de gasto social que el Gobierno propone como inversión pública en infraestructura.
Por su parte, Prado explicó que el aumento del déficit es otro aspecto que debe analizarse, ya que Guatemala se ha caracterizado por su estabilidad macroeconómica, donde esa variable es clave.
Recomendó cautela y revisar tanto la estimación del déficit fiscal como la meta de recaudación tributaria, debido a la incertidumbre global y sus efectos en el comercio exterior y las economías.
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De ingresos tributarios se proponen Q119 mil millones. Prado comentó que consultó al Ministerio de Finanzas si consideraron los efectos de la coyuntura actual y una posible contracción económica, a lo que respondieron que sí, con base en las cifras ajustadas por el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria. El 30 de abril, estos entes redujeron de 4% a 3.8% la estimación de crecimiento económico para 2025, lo que incluye una disminución en las exportaciones y un incremento en las remesas familiares.
Además, señaló que debe detallarse el modelo técnico usado para la estimación de la recaudación, el cual debe contemplar no solo el crecimiento natural del ingreso tributario, sino también las acciones administrativas.
“La fuente financiera más sana para un presupuesto estatal son los impuestos, pero la carga tributaria se estima para 2026 en 11.8%, y no se vislumbra un aumento significativo para respaldar el incremento del gasto propuesto”, opinó Prado.
Sobre la deuda pública, el analista de Asíes indicó que, según los parámetros de organismos financieros internacionales, Guatemala no se encuentra en un nivel crítico. Añadió que el destino ideal del endeudamiento es la inversión en infraestructura, pero afirmó que la ciudadanía no percibe mejoras en ese aspecto. “Persisten los cuellos de botella en el tráfico y los problemas para la movilización de personas y mercancías. Pasan los años y no se justifica el aumento de la deuda pública en ese sentido”, manifestó.
Baja ejecución
Otra preocupación es la baja ejecución del presupuesto 2025. Barrientos cuestionó por qué se replican montos y planes de gasto para 2026 si ya existen dificultades para ejecutar el presupuesto vigente.
En términos generales, la ejecución es similar a la de administraciones anteriores, pero se identifican focos de dificultad en ministerios como el de Comunicaciones. En este caso, indicó que el techo propuesto para 2026 es más bajo: para 2025 se aprobaron Q9 mil 929.9 millones, pero a la fecha se han ejecutado Q7 mil 841.1 millones; para 2026 se han asignado Q6 mil 161.7 millones.
Según Barrientos, la explicación del Ejecutivo es que la mayor parte de la inversión pública en infraestructura vial se canalizará al nuevo fondo creado por la Ley de Infraestructura Vial, aprobada el año pasado y que está en proceso de implementación.
Otros ministerios con baja ejecución incluyen Desarrollo Social, Cultura y Agricultura. No obstante, la mayor preocupación es la ejecución de los Codedes, especialmente en los aportes extraordinarios, según coincidieron ambos analistas.
La asignación actual de los Codedes es de Q12 mil 269 millones: Q4 mil 600 millones de aporte ordinario y Q7 mil millones de aporte extraordinario. De esta última cifra, alrededor de Q2 mil millones corresponden al presupuesto de 2024 y Q5 mil 012 millones al aporte extraordinario de ese año, de los cuales solo se ha ejecutado el 0.2%, según Barrientos.
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Para 2026, el Minfin propone Q4 mil 509.3 millones para los Codedes, aunque la cifra podría modificarse durante el proceso legislativo.
Barrientos espera que no se vuelva a alterar la Ley Orgánica del Presupuesto para intentar ejecutar en 2026 los más de Q5 mil millones rezagados desde 2024. También considera necesario abandonar la práctica de los aportes extraordinarios.
Advirtió que las normas presupuestarias incluidas en la iniciativa de ley y en el decreto son tan relevantes como las asignaciones cuantitativas.
Prado coincidió en las preocupaciones sobre la baja ejecución del CIV y los Codedes, y añadió que no se percibe mejora en la calidad del gasto público. “Los presupuestos siguen adoleciendo de los mismos problemas de años anteriores”, concluyó.
