El 20 de noviembre del 2024, el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional el Decreto 32-2024, conocido como la Ley de Competencia.
Esta normativa tiene como objetivo abrir los mercados, fomentar la libre competencia y prevenir las prácticas anticompetitivas que puedan afectar la economía nacional y el bienestar de los consumidores.
La iniciativa llevaba ocho años en espera desde su primera presentación y fue aprobada con 122 votos a favor, en un inusual momento de consenso entre los bloques legislativos.
Su aprobación representa un paso decisivo para el desarrollo de una economía más competitiva, eficiente y transparente en el país.
¿Qué busca la nueva Ley de Competencia?
El eje central de la Ley es la protección del consumidor y la promoción de un entorno donde exista una variedad de oferentes y demandantes, evitando así monopolios que reduzcan la oferta, eleven los precios o deterioren la calidad de los productos y servicios.
Además, prohíbe prácticas como la venta por debajo del costo con el fin de eliminar o bloquear a competidores, así como las condiciones discriminatorias que generen desventajas injustas entre consumidores o proveedores en situaciones similares.
Principales medidas que establece la Ley de Competencia
Entre los puntos más destacados del Decreto 32-2024, se incluyen:
- Creación de la Superintendencia de Competencia, que será la entidad encargada de prevenir, investigar y sancionar las prácticas anticompetitivas.
- Formación de la Comisión de Competencia, adscrita al Ministerio de Economía (Mineco), con autonomía funcional y técnica. Esta instancia podrá imponer multas y emitir decisiones administrativas por infracciones a la ley.
- Integración de un Directorio de tres miembros, nombrados por el Presidente de la República, el Congreso y la Junta Monetaria, con funciones clave como la elaboración del presupuesto de la Comisión y la garantía del respeto al debido proceso.
Integración de la Superintendencia de Competencia
La Superintendencia de Competencia estará conformada por seis directores: tres titulares y tres suplentes, designados por tres instituciones del Estado.
Hasta el martes 24 de junio, ya habían sido nombrados y juramentados los representantes designados por el Presidente de la República en Consejo de Ministros:
- Javier Enrique Bauer Herbruger, director titular.
- Luis Guillermo Velásquez Pérez, director suplente.
Por su parte, la Junta Monetaria también cumplió con su mandato, nombrando a:
- Edgar Rolando Guzmán Fuentes, titular.
- Alfredo Skinner-Klée, suplente.
Rezago legislativo retrasa el funcionamiento de la Superintendencia
Pese al consenso inicial, el proceso de implementación ha encontrado obstáculos.
Aunque la Superintendencia de Competencia estaba programada para iniciar operaciones el 23 de junio, el Congreso de la República aún no ha designado a su representante titular ni al suplente.
La Comisión de Economía ya trasladó al Congreso una nómina de seis candidatos para la elección:
- Javier Enrique Bauer Herbruger
- Jorge Mario González Paz
- José Ramiro Martínez Villatoro
Sin embargo, el receso legislativo y una sesión extraordinaria fallida han retrasado la designación, impidiendo que el nuevo ente regulador entre en funciones como estaba previsto.
Multas y sanciones por prácticas anticompetitivas
Según el Artículo 39 de la ley, las empresas que incurran en prácticas anticompetitivas podrán recibir multas de entre Q1 mil y Q20 mil salarios mínimos diarios no agrícolas, en función de la gravedad, duración y reincidencia de la infracción.
Asimismo, se establecen sanciones para quienes presenten denuncias falsas o improcedentes. En caso de incumplimiento en el pago de las multas, se generarán intereses con base en el promedio ponderado de las tasas activas del sistema bancario nacional.
¿Qué impacto tendrá en el mercado guatemalteco?
Con la entrada en vigencia de esta ley, Guatemala se alinea con estándares internacionales para el funcionamiento de los mercados, buscando fomentar una competencia justa, abierta y regulada.
La expectativa es que los consumidores puedan acceder a productos de mejor calidad, a precios razonables, mientras que los productores y empresarios operen en un entorno donde se respeten las reglas del mercado, se eliminen las prácticas abusivas y se promueva una mayor seguridad jurídica para la inversión.
El Decreto 32-2024 se convierte así en una herramienta clave para garantizar el equilibrio en las relaciones comerciales y fortalecer el Estado de derecho económico en el país.
