Por segundo año consecutivo, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) propondrá en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos un aumento en la contratación de deuda bonificable, que se destinará al gasto corriente, así como un incremento en el déficit fiscal, estimado en 3.3%. Estas fueron las principales alertas planteadas por representantes de centros de investigación económica ante miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República.
Durante la segunda sesión de audiencias públicas, delegados de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (Atal) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentaron observaciones a la iniciativa de ley que el Gobierno plantea como gasto público para el 2026, por Q163 mil 783.4 millones.
En la exposición, la principal coincidencia fue que las autoridades del Minfin proponen un incremento de deuda pública al programar un déficit fiscal del -3.3% del PIB, equivalente a unos Q33 mil 548 millones.
Los insumos y escenarios de los tanques de pensamiento fueron presentados a los diputados, quienes realizaron validaciones que serán tomadas en cuenta al momento de emitir el dictamen de la iniciativa de ley, previsto para mediados de octubre, informó Julio Héctor Estrada, presidente de dicha sala legislativa.
Gasto de funcionamiento absorberá 69% del presupuesto
Mario Alberto García Lara, director ejecutivo de Atal, resaltó que el proyecto de presupuesto presentado el pasado 1 de septiembre por el Ejecutivo continúa alejado de una disciplina fiscal sostenible a mediano plazo, sobre todo al proponerse un déficit fiscal de 3.3%.
Explicó que ahora no hay una justificación o emergencia para hacer incrementar ese indicador.
Recalcó que hay una tendencia preocupante relacionada con el desplazamiento entre los gastos de funcionamiento y los de inversión. “La tendencia de los gastos de inversión, como proporción del total de gastos, se ha reducido desde el 2006”, apuntó García Lara.
El análisis de Atal indica que, para el próximo año, la inversión representará el 17.5% y el funcionamiento, el 69.1% del gasto total, “por lo que nuevamente se castiga la inversión en favor del gasto de funcionamiento”, se expuso durante la sesión.
Pago de deuda ya supera asignación a Salud
Érick Coyoy, analista de Asíes, declaró que por segundo año consecutivo el Minfin propone un incremento significativo del endeudamiento público. Señaló que, si bien se argumenta que Guatemala tiene una de las tasas de deuda más bajas de América Latina, ello se debe a que también cuenta con los ingresos más bajos de la región, lo cual limita su capacidad de pago y reduce el margen para nuevo endeudamiento.
Reiteró que el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la publicación del artículo IV, recomendó que el déficit fiscal no debe exceder el 2% del PIB, ya que no es sostenible recurrir a la deuda por varios años consecutivos. Por ello, se insistió en esa recomendación ante los miembros de la Comisión de Finanzas, pues a futuro podría comprometerse la capacidad de pago de la deuda pública.
Coyoy advirtió que la asignación prevista en el presupuesto para el pago de la deuda pública (Q21 mil 829 millones) ya supera el monto asignado al Ministerio de Salud (Q16 mil 537 millones), según la propuesta presentada.
En cuanto a la calidad del gasto, criticó que, pese a que la Ley Orgánica del Presupuesto contiene un articulado específico que establece la obligación de evaluar el uso de los recursos por parte del Ejecutivo, los ministerios y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), dicha normativa no se está cumpliendo. No se han presentado informes de evaluación sobre la calidad del gasto ni reportes que justifiquen su uso.
Coyoy subrayó que el objetivo debe ser evaluar los resultados del gasto, “no a quién se le sube o a quién se le baja”.
Otra recomendación se refirió a la limitada capacidad de ejecución de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). Advirtió que, si no ha mejorado, carece de sentido seguir asignando fondos extraordinarios de manera continua. De no corregirse, se arrastrarán saldos no ejecutados. Por ello, se debe fortalecer la planificación y la capacidad de ejecución.
Bonos financiarán deuda y gasto corriente
Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Icefi, manifestó que la propuesta del presupuesto incluye otro incremento voluminoso en la deuda pública bonificada, por un monto de Q27 mil 598 millones.
De ese total, el 54.1%, equivalente a unos Q14 mil 918 millones, se destinaría a gastos de funcionamiento como administración, adquisición de materiales, suministros, servicios no personales y transferencias corrientes.
Según el Icefi, del total de bonos, el 11.5% (Q3 mil 168 millones) se asignaría a inversión, y el 34.5% (Q9 mil 511 millones), al pago del servicio de la deuda.
“El destino más alto de los bonos es pagar deuda con deuda, con un 34.5%, y luego las obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, con 34%. Solo con esas dos entidades ya se explica dos terceras partes del destino de la colocación de bonos”, remarcó Barrientos.
En cuanto a los ingresos, indicó que para el ejercicio fiscal actual se estiman en Q111 mil millones, y para el 2026, en Q119 mil millones. “El valor proyectado para el total de ingresos tributarios del 2026 es técnicamente correcto y deja atrás los errores de subestimación”, concluyó.
Carga tributaria será de 11.85% del PIB
Las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentaron los escenarios macroeconómicos del 2026 que sustentan las cifras del proyecto de presupuesto.
El total de ingresos se estima en Q119 mil 762.8 millones y se proyecta una carga tributaria equivalente al 11.85% del PIB.
Por impuestos al comercio exterior se prevén Q31 mil 25 millones, mientras que los impuestos internos aportarían Q73 mil 641 millones.
El PIB nominal se calcula en Q943 mil 893 millones.
