La votación de los directores titulares de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp) estuvo dividida respecto a la formalización institucional de la entidad, lo que dejó el proceso suspendido. En consecuencia, la Dipp no podrá recibir los Q30 millones asignados para este año.
Durante la sesión celebrada el pasado miércoles, se sometió a votación la propuesta sobre el funcionamiento administrativo de la Dipp. Se plantearon dos alternativas: una como entidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), dependiente de sus procesos; y otra como una entidad desconcentrada e independiente. La votación terminó empatada.
La ministra de Economía, Gabriela García; el viceministro de Comunicaciones, Allan Guevara; y el viceministro de Finanzas, Carlos Melgar (los tres representantes oficiales), votaron a favor de que la Dipp fuera adscrita al Micivi. Por su parte, Carmen Abril, representante del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua), y Byron Pivaral, del Colegio de Ingenieros de Guatemala, votaron en contra.
En una segunda ronda, García y Melgar votaron en contra de la propuesta de los sectores privados, que obtuvo tres votos a favor por parte de los delegados de Cutrigua, Micivi y el Colegio de Ingenieros. Sin embargo, ninguna de las propuestas alcanzó los cuatro votos necesarios para su aprobación.
Posturas enfrentadas
Los delegados oficiales argumentaron que la Dipp debe contar con todos los procesos administrativos necesarios —como clasificación contable, unidad financiera, código administrativo y planificación— bajo la figura de entidad adscrita al Micivi.
En contraste, los representantes del sector privado sostuvieron que la Dipp debe cumplir con su mandato legal como entidad desconcentrada, con independencia administrativa, incluso respecto al régimen del Servicio Civil. Para ello, es necesario que el Ministerio de Finanzas (Minfin) actualice los manuales administrativos vigentes y cree clasificadores específicos para este tipo de entidad.
Durante la sesión, se acordó llevar a cabo análisis técnicos adicionales para resolver la situación.
Limitaciones actuales y consecuencias
Debido a la falta de estructura administrativa, la gerente de la Dipp, Claudia Lucrecia Cáceres Maldonado, no puede ejecutar ningún proceso operativo ni administrativo, ya que no se han habilitado los fondos.
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), criticó los retrasos en la implementación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria por parte del Ejecutivo. Señaló directamente al Minfin y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), argumentando que en abril debían haberse creado los manuales, procesos y códigos necesarios para el funcionamiento de la Dipp.
Zapata reiteró que esta debe ser una institución con independencia administrativa, financiera y económica, y con su propio sistema de Servicio Civil, tal como lo establece la ley. “Existe una mala interpretación por parte del Ejecutivo, que pretende estructurar la Dipp como si fuera una unidad ejecutora adscrita al Micivi, como Caminos o Covial, lo cual contradice la ley”, aseguró.
Retrasos operativos clave
El directivo de Fundesa también advirtió sobre las implicaciones de estos atrasos:
- La gerente fue nombrada, pero no puede percibir salario por la falta de recursos.
- Se estancaron la generación del informe de planificación sobre el estado de la red vial y la evaluación de la infraestructura con estándares internacionales, procesos que debían ser aprobados por la Dipp.
Tareas pendientes para el segundo semestre de 2025
En Julio: El Directorio deberá definir los estándares internacionales para evaluar el estado de la infraestructura vial prioritaria.
Noviembre: se realizarán contrataciones, licitaciones o convenios para ejecutar dicha evaluación.
Enero de 2026: deberán estar en funcionamiento los procedimientos en Guatecompras, incluidos normas, formularios electrónicos, módulos específicos y otros procesos administrativos.
El modelo de contratación bajo la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria
La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria establece un nuevo modelo de contratación pública enfocado en la eficiencia y sostenibilidad de los proyectos, mediante esquemas de pagos por disponibilidad o pagos por servicios. Este mecanismo permite que los pagos se realicen únicamente cuando la infraestructura esté construida y en funcionamiento, garantizando así resultados tangibles antes de desembolsar recursos públicos.
El modelo prevé contratos a largo plazo de hasta 30 años entre la entidad pública encargada de implementar la ley —la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp)— y desarrolladores privados. La Dipp tendrá a su cargo la identificación, adjudicación y supervisión de los proyectos bajo este esquema.
Si bien la normativa contempla otros modelos de contratación, el pago por disponibilidad se perfila como el más adecuado dada la naturaleza de los tramos viales a adjudicar y el perfil de las empresas contratistas que podrían ejecutarlos.
Carreteras estratégicas y visión de largo plazo
El objetivo central es adjudicar contratos integrales que incluyan la construcción, operación y mantenimiento de las vías priorizadas. Estas corresponden principalmente a:
- Las carreteras centroamericanas (CA) que conectan puertos y fronteras.
- Los anillos regionales y metropolitanos, fundamentales para descongestionar el tránsito urbano y facilitar la logística regional.
De acuerdo con el artículo 87 de la Ley, se han establecido 17 proyectos prioritarios:
- 12 proyectos en rutas específicas de la red centroamericana, que abarcan aproximadamente 1,700 kilómetros.
- 5 proyectos adicionales, como anillos periféricos y libramientos estratégicos.
Este conjunto de obras representa más del 70% del tráfico vehicular del país y más del 80% del transporte comercial, lo que lo convierte en un pilar fundamental para mejorar la competitividad, la conectividad regional y el desarrollo económico.
