El contrabando y el comercio ilícito representan uno de los desafíos más complejos para la seguridad y la economía de Guatemala. Estos fenómenos no solo afectan la recaudación fiscal y la competitividad del mercado formal, sino que también alimentan redes del crimen organizado, asegura Juan Carlos Buitrago, experto colombiano en seguridad e inteligencia aduanera.
Buitrago trabajó junto a otros profesionales en un estudio sobre el contrabando en Guatemala y determinaron que las instituciones del Estado no tienen la capacidad para combatir esa problemática.
El especialista agregó que el estudio evidenció factores estructurales como la fragilidad institucional y la falta de capacidad investigativa para enfrentar el contrabando de manera efectiva. Además, indicó que el reto exige acciones coordinadas entre los sectores público y privado, así como la implementación de mecanismos de control más rigurosos en las fronteras.
Buitrago comentó que la situación se agrava por la participación de estructuras criminales transnacionales que utilizan el contrabando como medio para el lavado de dinero.
¿Qué problemas han identificado en el país en seguridad e inteligencia aduanera?
Nosotros hicimos un trabajo muy completo en Guatemala con expertos internacionales en el proceso de caracterizar la problemática del contrabando y del comercio ilícito.
De los factores habilitantes del contrabando se diseñó una hoja de ruta, una estrategia nacional contra esa problemática, que es una modalidad del comercio ilícito.
Nosotros preferimos abordarlo como comercio ilícito, que no solo es el contrabando, sino también la falsificación, modificación y alteración de productos, la competencia desleal, la evasión fiscal y el lavado de dinero.
Hay una campaña global que incluye todos los fenómenos que afectan de manera multidimensional a la sociedad en general. De allí surgió una estrategia nacional para prevenir e intervenir el comercio ilegal en Guatemala, y fue presentada al Consejo Nacional de Seguridad. Sin embargo, con el cambio de gobierno, en la transición, se decidió esperar que su implementación fuera realizada por las nuevas autoridades, quienes ya están retomando esa estrategia nacional con el apoyo de expertos, con el propósito de que se pueda generar un giro frente a esa problemática.
Ese estudio identificó problemas puntuales ¿Cuáles son?
El primero de ellos es la corrupción. Aquí hemos reiterado una de nuestras posiciones: si existe contrabando, comercio ilícito, criminalidad, delito y violencia es porque hay corrupción.
El segundo factor es la fragilidad institucional. Guatemala y los países vecinos tienen un estándar demasiado débil de capacidad institucional para investigar, intervenir y controlar el comercio ilícito y el contrabando especialmente.
Las fronteras son porosas, los organismos de inteligencia e investigación no saben cómo investigar el contrabando, el Ministerio Público no tiene unidades especializadas y fuertes… Si se quiere acabar, mitigar o controlar el contrabando, hay que abrir procesos investigativos para desarticular a los corruptos que están detrás, porque siempre hay corruptos detrás.
La tercera es quitarles los bienes y los activos a esas estructuras, además de ir tras los cabecillas. Si no se hace esto, en ocho o quince días después de un allanamiento estarán abriendo una nueva bodega, porque tienen los recursos para regenerarse, reacomodarse y continuar en ese círculo vicioso de economía criminal. Esos factores son importantes cuando se trata de fortalecer la capacidad de las instituciones; hay que trabajarlos e intervenirlos, y esto fue lo que arrojó el estudio en Guatemala y lo que hemos visto en Latinoamérica y el Caribe.
Una fiscalía muy fuerte de lucha contra el contrabando es fundamental, y Guatemala no la tiene. La fiscalía no tiene recursos, personal ni experticia, y no se tiene un enfoque de desarticulación de estructuras, de quitarles el dinero y de perseguir a los corruptos. Simplemente incauta mercancía, saca el producto del mercado, reduce el daño al consumidor, pero no soluciona el problema.
¿Cuáles son las soluciones para el contrabando en Guatemala?
La importancia del trabajo público-privado y entender que esto no solo es una función policial de las aduanas o de la justicia; es un fenómeno que tiene que involucrar al sector privado y a todos los actores de la sociedad, inclusive a la academia.
Tenemos una estrategia junto con la academia y con los organismos multilaterales. ¿Pero eso qué necesita? Confianza, porque no hay. No hay credibilidad, tampoco una respuesta efectiva ni garantías de seguridad.
El sector privado moviliza recursos y esfuerzos en investigación, información, análisis, capacitación y equipos, inclusive para las autoridades, pero no hay garantías de seguridad.
¿Cómo se beneficia el narcotráfico con el contrabando?
Hoy el principal activo, el oro del narcotráfico, para lavar el dinero e incorporarlo en el sistema de economía criminal, es el cigarrillo.
Algo crucial en esta lucha es entender que detrás del contrabando y del comercio ilícito hay mafias. Existe el cartel del tabaco que opera desde Corea del Sur, India, Camboya, Turquía, China y luego llega a Paraguay para traficarlo en todo el continente.
Hay una sobreproducción de cigarrillos ilegales y falsificados que tienen inundado el mercado en Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Ese negocio lo están utilizando para monetizar el dinero resultado del narcotráfico, porque es el que menos riesgo, menor costo, mayor facilidad y utilidades les genera. Ese cartel del tabaco también opera en Guatemala.
¿Es viable crear una policía aduanera en Guatemala para combatir el contrabando y el lavado de dinero?
Más que una policía aduanera, se necesita una policía de fronteras muy poderosa. El gran problema en Latinoamérica es ese: son fronteras porosas, muy débiles, no hay institucionalidad y no hay cooperación entre los países.
No recomiendo una policía aduanera, porque en Colombia se creó para atender una problemática coyuntural. Se convirtió en un organismo muy importante y efectivo, pero está generando un problema serio a la policía: deficiencia de personal, y la aduana no ha podido fortalecer esa capacidad que debería tener.
¿Cómo evitar que los policías sean parte de ese sistema de contrabando y no sean parte de la corrupción?
Hay que darles garantías primero a los policías. Si la institución no les da garantías jurídicas de seguridad y protección para que puedan cumplir con su labor, no habrá un cambio.
Se deben mantener los mecanismos de supervisión y tener un mecanismo anticorrupción de control muy fuerte, y darle seguimiento al patrimonio económico de los funcionarios, especialmente de aquellos que están en cargos de alto riesgo por su función, como los inspectores de aduanas.
Hay que mantener el polígrafo y las pruebas de confiabilidad, para que el policía sepa que lo estamos evaluando cada seis meses y que si no pasa el polígrafo, no puede seguir en su cargo.
