La libre emisión del pensamiento corre peligro en el contexto político por el ambiente de autocensura en que han caído algunos de los potenciales candidatos por temor a que la autoridad electoral los sancione por campaña anticipada, según analistas. Por esta razón, excandidatos y figuras políticas exigen al Tribunal Supremo Electoral (TSE) reglas claras para diferenciar entre libertad de expresión y campaña anticipada.
A criterio de varios políticos, la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) pone un freno para la emisión de cualquier tipo de opiniones. El artículo 94 de la ley establece que “no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen, en los diferentes medios de comunicación social, antes de la convocatoria oficial de elecciones”.
Además, advierte por sanciones en contra de la organización política, las asociaciones y fundaciones que promuevan al aspirante a candidato. Para las elecciones de 2027 se estima que la fecha de convocatoria será el 26 de enero.
El periodo de campaña que habilita la promoción de una figura política y hacer el llamado al voto, ocurrirá 90 días antes de la fecha programada para las votaciones, según la convocatoria que emita el TSE.
La planificación del evento electoral está en marcha y la autoridad electoral desarrolla mesas de diálogo con los partidos políticos para formular una reforma a los reglamentos del TSE. Sin embargo, no está claro si se abordarán los límites a la libertad de expresión que preocupa a algunos políticos entrevistados para este reporte.
Parteaguas
El problema se originó a partir de las reformas a la Lepp del 2016, por lo que analistas advierten la necesidad de que el Congreso “corrija” los errores de una ley que consideran favorable a la antigua clase política.
“Al ciudadano en un país democrático le corresponde la potestad de expresarse públicamente por un mal ejercicio de gobierno, un mal desempeño administrativo, por problemas de su comunidad, municipio o su país”, explicó Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep).
En Guatemala estos tipos de comentarios, divulgados principalmente en redes sociales, podrían ser motivo para que se invalide la candidatura de una persona con aspiraciones partidarias como ocurrió en la contienda del 2023.
Uno de los hijos del expresidente Álvaro Arzú, Roberto Arzú Escobar, buscaba ser candidato presidencial con el partido político Podemos pero quedó fuera de la contienda porque el TSE rechazó su inscripción porque incumplió con la ley al promover su imagen con fines electorales antes del llamado a las votaciones. El reclamo de Arzú en contra de la sanción llegó hasta la Corte de Constitucionalidad (CC) que avaló la decisión del TSE.
Los límites
Pablo Portocarrero, jefe de la Unidad de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE, dijo que a su criterio en Guatemala los políticos sí tienen libertad de expresión. El funcionario advierte que tan solo se castiga a aquellos que pidan el voto o que hagan promesas como futuros candidatos a algún cargo.
“La libre emisión del pensamiento es un derecho constitucional. El TSE garantiza la libertad de opinión, sobre todo a los diferentes actores políticos”, dijo Portocarrero.
Añadió que es permitido, en cualquier momento, compartir sus puntos de vista ideológicos y opiniones sobre la situación nacional. “Las organizaciones políticas tienen el derecho de que entre sus actividades de proselitismo también esté dar su opinión política, esto es un derecho que establece la ley electoral”.
Aunque el escenario parezca claro, en la práctica no lo es, de acuerdo con integrantes de partidos como Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos) y Visión con Valores (Viva) exponen que tuvieron que defenderse en las Cortes por sanciones impuestas por campaña anticipada que pueden llegar a los US$50 mil.
En desventaja
Para Roberto Alejos, constituyente y exdiputado, fue un “error” la última reforma a la Lepp aprobada por el pleno del Congreso en el 2016. Debido a las restricciones de comentarios y opiniones que han llevado a la autocensura política.
“Yo creo que esta limitación no debería de existir, yo creo que, si tenemos una libre emisión del pensamiento en un artículo hermoso de la Constitución, se debería de incluir el tema político”, dijo.
“La figura de campaña anticipada es algo que no debería de existir, al contrario, nos hace falta politizar más a la población, mantenerla informada del acontecer político y debería hacerse sin limitaciones”, enfatizó Alejos.
Para analistas, las restricciones de libertad de expresión que pesan sobre potenciales líderes políticos son graves. Ya que las limitaciones les ponen en una situación de desventaja frente a políticos de carrera que no necesitan darse a conocer.
“En la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME) se presentó la propuesta para que se pudiera definir de mejor manera qué es proselitismo y qué es campaña anticipada”, recordó Guillermo Fuentes, de la organización de capacitación política Aire.
Pero aunque impulsaron este tema de manera constante dentro de la CAME, esos puntos no fueron incluidos en la iniciativa de ley que presentó el TSE en el Congreso.
Continuar con esta norma, asegura, deja en una situación de ventaja a políticos de carrera. Personas que, por cargos públicos pasados o por ser candidatos frecuentes en contiendas electorales, son ampliamente conocidos.
“Hay que ser claros que se está dando una crítica o dando una opinión y que no se está pidiendo el voto”, considera Fuentes.
Interpretación
Cuatro excandidatos presidenciales y dos políticos que aspiraban a participar en la contienda —aunque no lograron inscribirse por diversos impedimentos legales— coincidieron en la necesidad de revisar la ley electoral vigente. Urgen que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclare los criterios para emitir opiniones políticas sin consecuencias legales.
Sandra Torres, excandidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), manifestó que es esencial permitir la libre opinión sobre la situación del país.
Manuel Conde, excandidato del partido oficialista Vamos, expresó que la diferencia entre opinar y hacer campaña es clara, pero todo depende de cómo lo interprete el TSE.
Reconoció los esfuerzos que ha hecho el tribunal para delimitar los conceptos de opinión pública, proselitismo y campaña electoral, y enfatizó que las futuras autoridades del TSE deben aplicar criterios objetivos al momento de evaluar posibles casos de campaña anticipada.
Armando Castillo, quien compitió por la presidencia con el partido Visión con Valores (Viva), también hizo hincapié en la necesidad de establecer criterios claros y con suficiente antelación.
Además, criticó las reformas a la Ley Electoral aprobadas en 2016, al considerar que estas favorecieron a los políticos ya conocidos, limitando las posibilidades de los nuevos liderazgos para darse a conocer.
El TSE investiga unos 70 expedientes por supuesta promoción de imagen con fines electorales. Fuentes de la institución advierten que en esos casos figuran Carlos Pineda y Roberto Arzú. El primero fue la figura presidencial de Prosperidad Ciudadana y el segundo del partido Podemos, aunque ninguno de los dos fue inscrito por impedimentos legales.
Pineda asegura que ha preferido mantenerse al margen de las opiniones políticas por temor a una eventual amonestación del TSE. Asegura que jamás ha pagado espacios en redes sociales para promocionarse, pero considera necesario que se reformen los reglamentos para que exista una auténtica libertad de expresión política.
Arzú considera que la legislación y reglas en materia electoral atentan contra la libertad de expresión. “Atentan al querer prohibir la libre expresión del pensamiento y eso es algo que he venido diciendo todo el tiempo, es la forma como han querido cooptar las instituciones el pacto de corruptos”, dijo.
Las voces reflejan la demanda por que el TSE plantee una definición clara y transparente de las reglas que regirán el próximo proceso electoral.
