Un discurso contundente frente al Ministerio Público
El pasado 5 de julio, el presidente Bernardo Arévalo alzó su voz durante la presentación de un libro sobre la defensa de la democracia en Guatemala, y lanzó un fuerte desafío al MP (Ministerio Público). Afirmó que esta institución estaría “cooptada por la corrupción” y acusó que ha promovido “procesos espurios” para revertir los resultados electorales de 2023. Además, prometió que el próximo cambio de fiscal general en mayo de 2026 abrirá el camino para una transformación profunda en el sistema de justicia.
Arévalo detalló que en sus 18 meses de gobierno ha sido objeto de “criminalización” de funcionarios, periodistas y activistas, producto de lo que él califica como un golpe de Estado en proceso.
Silencio sobre la compra de armamento
Sin embargo, cuando fue consultado sobre la polémica compra de armamento por Q 84 millones, adjudicada por el Ministerio de Gobernación a una empresa vinculada a la familia de una ministra, evitó profundizar. Se limitó a decir que la Contraloría General de Cuentas (CGC) no recomendó proceder y que el proceso avanzaría conforme a las «necesidades» del ministerio. Ante cuestionamientos sobre posibles irregularidades, simplemente se retiró sin responder.
Su postura contrastó con la acción de la CGC, que entregó un informe con hallazgos sobre favoritismo y falta de competencia en el proceso.
¿Hacia una justicia con más transparencia?
El discurso del presidente resalta dos líneas: por una parte, el ataque frontal a una institución clave como el MP, y por otra, la opacidad en un contrato sensible. Esta dualidad ha generado interrogantes sobre la coherencia del mensaje y el real compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Mientras el mandatario insiste en que “el tiempo se les acaba” y que llegará una reforma profunda con el nuevo fiscal general, críticos y ciudadanos siguen esperando mayor claridad sobre el millonario contrato de armamento y garantías de integridad en los procesos del Estado.
Lo cierto es que el 2026 aparece en el horizonte como el año de las grandes cambios. La promoción de una nueva fiscalía independiente será la clave para equilibrar las promesas de depuración institucional con acciones concretas que restituyan la confianza de la población.
