La rehabilitación de la autopista Palín-Escuintla le ha costado al erario guatemalteco una suma millonaria debido al socavón que se produjo en el kilómetro 44 y que mantuvo suspendido el paso en su totalidad al menos dos meses, entre junio y agosto de 2024.
El paso estuvo provisional hasta en marzo pasado, nueve meses después del hundimiento. Hoy, a poco más de un año de que ocurriera la emergencia, las tres empresas a las cuales se les adjudicó los contratos han cobrado casi Q80 millones (entre las tres) por los trabajos de rehabilitación, según un reporte del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), sitio que registra todos los movimientos contables del Estado.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a través de la Dirección General de Caminos (DGC), adjudicó los contratos a tres empresas distintas para la reconstrucción del tramo en mención que, en total, comprendió del kilómetro 39 al 44.
El primero de ellos se firmó con A Construcciones, cuyo propietario es Edin Francisco Arrué Chocooj, por Q59.9 millones, una empresa que hasta el 2021 comenzó a firmar contratos grandes con el Estado. Hasta hoy, del monto total, la DGC le ha pagado Q48.2 millones, es decir que queda pendiente aproximadamente Q11.7 millones.
Un segundo contrato fue firmado con la empresa Proyectos y Obras Caoba, propiedad de Duglas Benjamín Aguilar Grijalva, por Q29.5 millones. De estos, a la fecha, se han pagado Q21.5 millones, faltaría por pagar Q8 millones.
Esta empresa comenzó a proveer servicios al Estado desde 2022, de acuerdo con datos contenidos en el portal Guatecompras, y fue hasta 2024, cuando comenzó a recibir adjudicaciones millonarias.
El tercer contrato fue firmado por Q10.5 millones con la firma Consolidado de Obra Civil, S. A. De este total, hasta hoy se ha erogado para el pago Q9.4 millones. Es decir que es el proyecto que lleva más avance financiero, un 89.5%.
Al igual que las anteriores empresas, es relativamente nueva en ofrecer servicios en el sector público, puesto que en 2023 comenzó a recibir adjudicaciones millonarias.
UN PROCESO CON RETRASOS
El proceso de contratación enfrentó problemas desde el inicio, que repercutieron en los tiempos de ejecución.
Aunque el hundimiento se produjo el 13 de junio de 2024, fue hasta el 4 de septiembre de ese año en que se tuvo certeza de los fundamentos legales para hacer las contrataciones. Fue necesario buscar consensos en el Organismo Legislativo para garantizar los recursos.
Antes, el 10 de julio, amparados en el decreto de un Estado de Calamidad aprobado por el Ejecutivo, (pero que el congreso improbó más adelante) el Gobierno había intentado adjudicar la reparación, pero tuvo que prescindir del concurso después de que solo una empresa presentó oferta y que, casualmente, esta fue por Q105 millones, casi el total de lo que se presupuestó para la rehabilitación, lo que excedía las estimaciones y el monto de la reparación para todas las intervenciones que pretendía hacer DGC, dentro del Estado de Calamidad.
Posteriormente, el CIV intentó llevar a cabo un nuevo evento, pero este se detuvo y terminó con una denuncia en contra del exdirector de la DGC.
Las anteriores autoridades del Ministerio denunciaron que, para este segundo intento, se logró integrar una junta de calificación, pero cuando ya estaba conformada, el Director de la DGC, Gilberto de Jesús Guerra, habría sacado a uno de los miembros de la junta directiva y encerrado en su oficina. Al salir, se retractó de participar.
Como resultado, el procedimiento se estancó. El CIV denunció a Guerra en el Ministerio Público (MP); y este, a su vez acudió a la Fiscalía para demandar a las autoridades. A la fecha no se conocen avances en los dos procedimientos.
Por esas razones fue que los procesos de contratación se iniciaron hasta el 23 de septiembre. Los tres bajo la modalidad de «procedimientos regulados por el artículo 54 de la Ley de Contrataciones del Estado»; es decir, no requirieron de licitación o cotización.
Para ello, en el Decreto 17-2004, en el que se amplió el presupuesto 2024, el Congreso incluyó una «declaratoria de urgencia» con el objetivo de rehabilitar el paso por esa importante vía, y autorizó al CIV un presupuesto de Q110 millones.
Comunicaciones explica las razones para proceder en contra de Gilberto Guerra, exdirector de Caminos
En el artículo 13 de dicho decreto se especificó que no era obligatorio «la licitación o cotización en las contrataciones de las dependencias y entidades públicas, para la adquisición de bienes, suministros, obras y servicios indispensables para solucionar la situación de urgencia nacional declarada».
PÉRDIDAS
El cierre de la ruta dejó millonarias pérdidas en el sector económico hasta que el paso fue habilitado de forma parcial el pasado 11 de agosto. Es decir, que estuvo cerrada casi dos meses.
Como la habilitación de la ruta es parcial, permanecen los problemas de embotellamientos lo cual continúa impactando al sector económico. Un sondeo dado a conocer por la Cámara del Agro, el pasado 28 de septiembre, reveló que el 64.7% de 139 empresas consultadas reporta el aumento del costo de transporte por el hundimiento en el kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla.
Además, un 24.5% dijo sufrir retrasos en sus entregas y otro 15.8% reportó que ha perdido clientes. Asimismo, estimó las pérdidas en Q148 millones.
El hundimiento en el kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla ocurrió a poco más de un año de que la administración de esta pasara a manos del Estado, luego de 25 años de estar a cargo de la empresa Marnhos. Según denuncian las actuales autoridades, en los últimos meses del gobierno de Alejandro Giammattei no se le dio mantenimiento a la carretera.
La entrega formal de la autopista al CIV no ha ocurrido, la exministra Jazmín de la Vega se negó a recibirla luego de que denunciara incumplimientos del contrato.
