La polémica en relación con el veto presidencial a la llamada Ley de Codedes coincidió con el derrumbe de gran magnitud que ocurrió en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador que, hasta mediados de octubre, mantiene restringido el paso vehicular en el área, con el consecuente impacto económico que representa el cierre de una ruta internacional.
Aunque oficialmente no hay muertos o heridos, se lamenta que una persona todavía se encuentra desaparecida y posiblemente esté soterrada.
La información oficial que han brindado las autoridades acerca de la causa del desastre dice que en el lugar se construía una gasolinera y un centro comercial que no contaba con los permisos de construcción.
«Lamentablemente la obra no tenía ni licencia municipal y tal y como salió el comunicado del Ministerio de Ambiente tampoco tenía permiso o la licencia ambiental», señaló en una conferencia de prensa Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).
El presidente Bernardo Arévalo dijo que la construcción no habría tomado en cuenta las condiciones del terreno y que el talud (corte del terreno) se dejó a un ángulo de 90 grados.
El derrumbe parece no ser una casualidad y más de alguno puede pensar que es una especie de mensaje o llamado a la reflexión. La Ley, pese al veto del presidente, podría entrar en vigencia, puesto que los diputados —por una cuestión de forma, jugaron con las fechas en que supuestamente debía cobrar vigencia el decreto— decidieron rechazarlo.
Las cortes —seguramente la de Constitucionalidad (CC)— serán las encargadas de dirimir esta problemática. Mientras tanto, el Gobierno y analistas y consideran que de entrar en vigor representará un serio riesgo para la construcción de obra pública que, incluso, podría atentar contra la vida, como en el caso del derrumbe en el Km 24 de la ruta a El Salvador.
Este 16 de octubre la Ley de Codedes (Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural) fue publicada en el Diario de Centroamérica con lo cual cobró vigencia.
LEY RIESGOSA
Aunque el proyecto es privado evidencia las consecuencias de llevar a cabo una construcción sin los estudios respectivos. Esto «nos recuerda la importancia y sentido que tienen los estudios de impacto ambiental y de la Conred, para identificar los riesgos que se pueden generar por algún tipo de construcción», dijo al respecto el presidente Bernardo Arévalo, días después del derrumbe.
Se desata polémica por veto presidencial a Ley de Codedes que expeditaba gasto sin control
De acuerdo con la Ley de Codedes, aprobada por el Congreso el pasado 2 de septiembre, estos podrán utilizar los recursos no ejecutados en un año, al menos en los dos siguientes. Pero lo más preocupante, coinciden múltiples sectores, es el descontrol que supone la ejecución de proyectos que posiblemente no cumplan con los requisitos técnicos.
El artículo 3 de la norma aprobada da apenas un plazo de cinco días a las entidades gubernamentales para analizar y aprobar los expedientes de los proyectos de inversión, si no responden en ese plazo la obra se podrá ejecutar y los procedimientos se darán como válidos.
El secretario General de Planificación de la Presidencia (Segeplan), Carlos Mendoza, también advirtió del peligro de que la norma cobre vigor y dijo que «lejos de fortalecer la inversión pública, pone en riesgo la calidad y seguridad de las obras públicas».
La Ley es peligrosa porque «elimina los mecanismos que garantizan que los proyectos sean viables, seguros y sostenibles y permite que los proyectos se aprueben automáticamente aunque no tengan dictámenes técnicos ni estudios de impacto ambiental, social o de gestión de riesgo», señaló el funcionario en un video distribuido a medios de comunicación.
Agregó que la nueva Ley impedirá una evaluación seria de los proyectos y autoriza a ejecutarlos «sin estudios de prefactibilidad o factibilidad», lo que puede derivar en carreteras y escuelas mal diseñadas u hospitales que no cuenten con el equipamiento necesario.
NO LES INTERESAN LOS CONTROLES
El analista en gestión municipal Eddy Cifuentes coincidió en que, de entrar en vigencia la Ley de los Codedes aprobada por el Congreso «se van a multiplicar» los problemas como el ocurrido en el Km 24 de la ruta a El Salvador, por las características topográficas del territorio guatemalteco, pero también por los intereses económicos que hay alrededor de estas obras.
En ese sentido dijo que, desde hace años, los diputados distritales se han involucrado en la ejecución de obras a través de empresas de cartón. A estos actores, recalcó, «lo que menos les interesa son las normativas de construcción y que existan controles», que es justo lo que se plantea en la Ley.
Añadió que la norma se traducirá en problemas legales para los alcaldes en caso se construyen obras que luego den problemas. Incluso, dijo que a su juicio, lo ocurrido recientemente en ruta a El Salvador es responsabilidad de la municipalidad que no ejerció el control sobre su territorio y no impidió que los proyectos privados comenzaran a ejecutarse.
Recordó la tragedia de El Cambray II, ocurrida el 1 de octubre de 2015, por cuyo caso fueron procesados dos alcaldes por homicidio culposo, a pesar de que se trató de un proyecto no público.
¿Por qué fracasan (o no avanzan) los proyectos de infraestructura en Guatemala?
ESCASA VIGILANCIA
Por su lado, Luis Linares, analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (ASIES), señaló que es un «abuso» el que los diputados hayan aprobado un plazo de cinco días para avalar proyectos, puesto que garantizar que estos serán viables y seguros para la población no es algo que pueda evaluarse «en cuestión de minutos».
En el caso de una carretera o un paso a desnivel, expuso que para aprobar un proyecto de esta naturaleza «hay que hacer inspecciones en el sitio, dependiendo de la complejidad de la obra, ver la capacidad de los suelos, los cortes que se harán al terreno o qué tipo de taludes se dejarán».
Además, enfatizó, tiene que verse involucradas varias instituciones, como los ministerios, Segeplan o la Conred y muchas de las delegaciones departamentales no cuentan con ingenieros capacitados para estas evaluaciones y tienen que enviar los expedientes a la capital y «solo en mandar la papelería a la central se van los cinco días».
De esa cuenta, coincidió en que la Ley de los Codedes podría agravar los problemas de control de obras, ya de por sí deficiente.
Como ejemplo, dijo que el problema ocurrido en el Km 24 de la ruta a El Salvador, es decir, la construcción de una obra sin los permisos correspondientes, debió haber sido detectado desde hace mucho tiempo puesto que no es un proyecto que se construyera «en la montaña», sino que está ahí a la vista de todos.
«Las municipalidades cobran una millonada por las licencias y tienen recursos para contratar inspectores que vigilen las áreas de construcción, pero prefieren invertir los recursos en conciertos y equipos de futbol», criticó Linares.
QUITAR CONTROLES NO ES BUENO
Para Luis Velásquez, exsecretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), «quitar controles» de los proyectos de inversión y para «gastar a granel» nunca será bueno. Dijo que, aunque es cierto que hay una baja ejecución, esto obedece a la falta de liderazgo, capacidad, conocimiento y experiencia en la implementación de proyectos de inversión.
Precisó que la Ley, en vez de retirar controles, pudo haber impuesto sanciones en contra de los funcionarios responsables de retrasar los avales de un proyecto que vaya en orden.
Velásquez, también exministro de Economía, recordó que cuando estuvo al frente de la SCEP formó equipos adicionales para revisar las carpetas de los proyectos e implementó una línea telefónica directa donde se atendía a los alcaldes las 24 horas para resolver dudas y garantizar que los expedientes se entregaran de forma correcta.
El resultado, asegura, fue que la aprobación de los proyectos se aceleró considerablemente. «No es quitando controles como se va a avanzar, sino haciendo que los controles se lleven a cabo de forma efectiva, eficaz y eficiente», señaló el exfuncionario.
La Ley puede ser peligrosa porque puede hacer que los recursos designados a los Codedes se conviertan en un «cheque en blanco», precisó Velásquez, ya que al tener la libertad de gastar sin controles, incluso, puede se puede prestar para componendas, ahora o en el futuro, para dejar de revisar un proyecto a propósito para que sea ejecutado.
